La ley suma a los medios electrónicos a lo que ya se aplicaba a Radio y TV, incluyendo la prohibición de publicar contenidos “ofensivos”, “violentos” y que:
“Fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público, induzcan al homicidio, constituyan propaganda de guerra y desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas.”
Las prohibiciones han sido consideradas por muchos como amplias y poco claras; la definición de cuándo un mensaje es ofensivo, violento o “desconoce” a una autoridad pública puede ser bastante subjetiva. Por ende, se teme que con esto se genere autocensura de parte de los medios, que evitarían referirse a ciertas cosas por temor a las sanciones.
Pese a las protestas que se llevaron a cabo en redes sociales y otros medios (a través del hashtag #SOSinternetVE y los movimientos Internet Prioritaria y Todos en Red), llamando a los partidos políticos a rechazar la ley, el proyecto fue aprobado por los parlamentarios, que pertenecen en su mayoría al bloque oficialista.
La nueva ley, que para entrar en vigencia sólo necesita la firma del mandatario y ser publicada en el Diario Oficial, establece que “los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados que se subsuman en las prohibiciones contenidas en el presente artículo (27), cuando ello sea solicitado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en ejercicio de sus competencias”. Esto implica que los ISP y los medios que no cumplan con las indicaciones podrán ser multados por abultadas sumas.
Aunque el gobierno de Chávez niega que esta ley coarte la libertad de expresión y que busca “velar por la integridad de la población”, muchos temen que Venezuela se esté encaminando hacia un tipo de censura similar al que existe en Cuba o China.
Fuente: elotrojuan
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